El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013 que estableció la prima especial de servicios para los congresistas (senadores y representantes a la Cámara) equivalente a $16’914.540 mensuales.
Esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, que se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año. La prima especial de servicios derogada es uno de los tres componentes que conforman la remuneración mensual de los congresistas.
En su cuenta de la red social X, el mandatario escribió: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.
La derogatoria de la prima especial de servicios no es retroactiva, es decir, ese beneficio se mantiene para los actuales legisladores, pero entrará a regir a partir del próximo 20 de julio cuando asuman los nuevos senadores y representantes que serán elegidos el 8 de marzo entrante.
La prima especial de servicios para los congresistas fue establecida mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuando el Gobierno nacional de entonces la incorporó al régimen salarial y prestacional de los legisladores previsto en la Ley 4 de 1992.
Dicho decreto, sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una ‘prima especial de servicios’, que constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de Navidad.
Pero agrega: “No obstante, la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.
En este sentido, el Decreto 0030 de 2026 advierte que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, lo cual “hace imposible el cierre de brechas” propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.
Y señala: “Se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos en este caso en particular de los congresistas”.
El anuncio de la derogatoria de esta prima especial de servicios fue uno de los objetivos vinculados a los cerca de 20 proyectos de ley que se hundieron en el Congreso de República y que buscaban reducir el salario de los congresistas colombianos, uno de los más altos de la región.
El Decreto 0030 de 2026 lleva las firmas del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y de Mariela Barragán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública “órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia”, señala.
