El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, marcando un hecho sin precedentes en la historia judicial de Colombia. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó la sentencia este 1 de agosto de 2025, que es de aplicación inmediata debido al presunto riesgo de fuga, pese a reconocer la conducta disciplinada de Uribe durante el juicio.
El caso se originó tras denuncias desde 2012 por parte del senador Iván Cepeda sobre presuntos vínculos de Uribe con paramilitares. En 2018, esas acusaciones derivaron en una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos. En 2020 renunció a su curul en el Senado, lo cual transfirió el caso a la justicia ordinaria.
Según el fallo, Uribe habría coordinado, por medio del abogado Diego Cadena y otros intermediarios, sobornos y ofrecimientos de beneficios judiciales a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve para que declararan a su favor. La prueba clave incluyó grabaciones y escuchas telefónicas entre Uribe y Cadena, aceptadas por la jueza como válidas.
El fallo también incluye multas millonarias: alrededor de 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente entre 700.000 y 820.000 USD) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
La defensa ya anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, con plazo hasta mediados de octubre de 2025 para que emita su fallo. Luego podría elevarse nuevamente a la Corte Suprema de Justicia si continúa en firme una segunda instancia desfavorable.
En conclusión, la condena a Álvaro Uribe representa un momento histórico y simbólico para la justicia colombiana: por primera vez un expresidente ha sido declarado culpable y sentenciado en un juicio oral por delitos graves, en un caso que aún no ha llegado a su etapa final.