El proyecto de Acto Legislativo de Autonomía Territorial que le devuelve la independencia fiscal y económica a las regiones, fue aprobado con 124 votos en la Plenaria de la Cámara de Representantes, convirtiéndose en un paso histórico para cumplir con la promesa de la Constitución de 1991 y un avance importante para reducir las brechas económicas y sociales del país.
Esta reforma constitucional, que ha sido producto de una ardua búsqueda de consensos entre el Gobierno nacional, el Congreso de la República, y las alcaldías y gobernaciones del país, busca fortalecer la autonomía fiscal de los municipios, distritos y departamentos, asegurando que los recursos se destinen de manera eficiente en servicios básicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros. “Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, mencionó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la aprobación.
Actualmente, la Nación transfiere a los entes territoriales poco más del 20% de sus ingresos corrientes, un porcentaje mínimo que promueve un Estado centralista que concentra sus decisiones en Bogotá. Con la entrada en vigencia de Acto Legislativo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades. “La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.
Y agregó que con esta aprobación daremos un “salto cualitativo en materia de educación, de salud, de saneamiento y de agua potable, que es lo mínimo que merecen nuestros compatriotas en los territorios y que este centralismo no les ha permitido tener durante las décadas”.
Por su parte, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, mencionó que “por primera vez, un proyecto del Gobierno nacional y, a través del Congreso de la República, realmente está haciendo un gesto de descentralización importante para que los territorios puedan tener esa posibilidad económica de avanzar en torno a sus metas y sus planes de desarrollo y avanzar en cada una de las problemáticas que tiene la gente en zonas apartadas (…) porque nos quedamos insuficientes con los pocos recursos que tenemos”.
Asimismo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, destacó la importancia que tiene que los recursos lleguen a las regiones para cerrar las brechas sociales y económicas. “Desde el año 91 se viene peleando, pero no se ha avanzado en el tema; y hoy es la oportunidad grande para el país, para que nosotros podamos avanzar en un proyecto tan importante para las regiones y para la gente”, señaló. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales.
Con este Acto Legislativo, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos. Por esta razón, el Ministerio del Interior ha propuesto que la construcción de la Ley de Competencias se realice a través de una mesa técnica que incluya todas las voces posibles, con el apoyo y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.
