Los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tienen en sus manos una copia de la ponencia que se radicó este 8 de mayo ante la Secretaría de la entidad para formularle cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación y violar el tope de gasto por más de $5.400 millones. Los togados tendrán, aproximadamente, dos semanas para revisar las más de 300 páginas que componen el expediente y meditar una decisión: votar a favor o en contra del pliego.
El presidente Gustavo Petro calificó las acciones del CNE como una “arbitrariedad” y una “abierta ruptura constitucional”, instando a las fuerzas sociales del país a movilizarse en defensa del voto popular y de la democracia colombiana.
A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su descontento e invitó a las instancias del Pacto Histórico a reunirse de manera inmediata y a los ciudadanos y fuerzas progresistas, tanto en Colombia como en el exterior, a prepararse para lo que describió como un “intento de irrespetar el voto popular” y de ser parte de un “golpe blando”.
En el ámbito político latinoamericano, las acusaciones de “golpe blando” son una estrategia recurrente utilizada para deslegitimar o desacreditar a la oposición. En el caso específico de Colombia, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto “golpe blando” deben ser analizadas con cautela y rigurosidad.
Es comprensible que, en un contexto político polarizado como el colombiano, las acusaciones de este tipo surjan con frecuencia. Sin embargo, es fundamental diferenciar entre una verdadera amenaza a la democracia y la retórica política utilizada para ganar apoyo o desviar la atención de otros problemas.
El término “golpe blando” se refiere a una serie de acciones destinadas a desestabilizar un gobierno democráticamente electo sin recurrir a métodos violentos. Estas acciones suelen incluir campañas de desinformación, manipulación mediática, judicialización de la política y otras formas de presión sobre las instituciones democráticas.
La decisión también es polémica porque el señor Álvaro Hernán Prada, llamado a juicio por el caso de soborno a testigos y fraude procesal -por el que también ha sido llamado a juicio el expresidente Uribe- actualmente funge como magistrado “imparcial” del Consejo Nacional Electoral.
