El presidente Gustavo Petro denunció que fue blanco de un presunto intento de asesinato mientras se desplazaba en helicóptero en una reciente jornada oficial, un hecho que ha generado fuerte preocupación en el país y reavivado el debate sobre la seguridad de los altos funcionarios del Estado.
El mandatario sostuvo que fue la noche del lunes cuando no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, debido a que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en la que se transportaba.
Según la información preliminar entregada por el propio mandatario durante un consejo de seguridad en Córdoba, la aeronave en la que viajaba habría sido objeto de una posible acción hostil durante el trayecto. Aunque no se registraron daños ni personas heridas, el jefe de Estado aseguró que la situación fue lo suficientemente grave como para activar protocolos de seguridad y poner en conocimiento a las autoridades competentes.
“Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar”, “escapándome de que me maten”, explicó el mandatario.
De acuerdo con fuentes oficiales, la tripulación logró mantener el control del helicóptero y continuar el vuelo sin necesidad de realizar un aterrizaje de emergencia. Posteriormente, organismos de seguridad iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido, incluyendo la verificación de radares, comunicaciones y reportes de inteligencia en la zona donde se produjo el incidente.
El Gobierno nacional calificó el hecho como un asunto de máxima gravedad institucional y anunció que se reforzarán las medidas de protección del presidente y de otras figuras públicas. El ministro de Defensa indicó que se están coordinando acciones con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de inteligencia para determinar si existió una amenaza concreta y quiénes podrían estar detrás.
El episodio también provocó reacciones en distintos sectores políticos. Líderes de partidos, tanto de gobierno como de oposición, rechazaron cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de funcionarios públicos y coincidieron en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio democrático.
