En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la política de cuidado y protección de la primera infancia, el Gobierno del Cambio, a través del Bienestar Familiar, formalizó la vinculación laboral directa y a término indefinido de 161 madres comunitarias del departamento de La Guajira. Con esta decisión, se reconoce de manera concreta y definitiva su invaluable aporte al desarrollo integral de niñas y niños en los territorios más vulnerables del país.
Este acto histórico representa una reparación social largamente esperada por mujeres que, durante décadas, han sostenido con vocación y compromiso la atención a la primera infancia, muchas veces en condiciones de precariedad laboral. A partir de hoy, estas madres comunitarias se integran como trabajadoras oficiales del Bienestar Familiar, con acceso a salario digno, prestaciones sociales, seguridad social integral y todos los beneficios establecidos por la ley, garantizando estabilidad laboral y bienestar para ellas y sus familias.
La mayoría de las beneficiarias desarrolla su labor en zonas rurales y dispersas de distintos municipios de La Guajira, y un número significativo pertenece a al pueblo wayuu. Este avance representa un paso concreto hacia el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y territorial del país, y fortalece el enfoque diferencial y comunitario en la atención a la niñez, especialmente en contextos históricamente excluidos.
Para mujeres como María de los Santos Fernández Jayariyu, con 14 años de servicio continuo a la primera infancia, esta decisión tiene un significado personal y colectivo. «Me siento muy contenta de estar aquí. Esto tiene un significado muy grande para mí, porque después de tanto trabajo y de tanta lucha, ya era hora de que fuéramos trabajadoras del Estado, de poder contar con un salario y ser reconocidas como madres comunitarias», expresó.
María de los Santos también resaltó el acompañamiento institucional y sindical que hizo posible este logro. «Agradezco al presidente de la República por hacernos parte de este proceso, al presidente del sindicato nacional y departamental, y a la doctora Astrid Cáceres, que siempre ha estado muy pendiente de nuestra lucha como madres comunitarias».
Con esta decisión, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la justicia social, la dignificación del trabajo de cuidado y el fortalecimiento del sistema de protección a la primera infancia, reconociendo que cuidar a la niñez es una tarea esencial para la construcción de paz, equidad y desarrollo en los territorios.
