La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado.
Los hechos que se le atribuyen ocurrieron durante el periodo en el que ejerció el cargo, entre 2008 y 2011. En su momento asumió la contratación del Plan de Aguas del Departamento por cerca de 130 millones de dólares, de los cuales 90 millones de dólares provendrían de un préstamo del Banco Mundial y 40 millones de dólares corresponderían a recursos públicos. Para garantizar el desembolso de los dineros la Gobernación de La Guajira debía seguir el proceso contractual en los términos fijados por la institución financiera internacional y recibir dos cartas, una de aprobación de los pliegos de condiciones y otra de no objeciones para la suscripción del contrato.
La administración departamental no recibió el segundo documento que daba aval a la contratación; sin embargo, el entonces gobernador ordenó seguir adelante con el proyecto y disponer de recursos de regalías para garantizar la asignación presupuestal.
En ese contexto, fue celebrado el contrato 295 del 30 de diciembre de 2010, por 5.786 millones de pesos, para el mejoramiento de tramos del alcantarillado sanitario en el barrio Arriba de Riohacha (La Guajira).
El mencionado contrato fue financiado en su totalidad con recursos públicos, por lo que debía tramitarse de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). Es decir, realizarse licitación pública con estudios de conveniencia y oportunidad, costos, entre otros aspectos. Sin embargo, se siguieron los lineamientos del Banco Mundial, lo cual no procedía porque el organismo internacional nunca dio autorización definitiva para cubrir las iniciativas relación.
El pasado mes de abril la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento de La Guajira Jorge Eduardo Pérez Bernier a una pena de 269 meses y 6 días, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 270 meses y 8 días, multa de 45.341 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
En la decisión se negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y su sustitución por prisión domiciliaria, ordenando la privación inmediata de su libertad, captura que se materializó el 10 de abril de 2025.
En el juicio se demostró que, como gobernador de La Guajira (2008–2011), Pérez Bernier estructuró, impulsó y suscribió un proceso contractual caracterizado por graves irregularidades desde su fase precontractual hasta la ejecución y las posteriores adiciones y modificaciones, con el propósito deliberado de adjudicar el contrato No. 770 de 2009 a la Unión Temporal del Norte.
En ese proceso contractual se vulneraron principios esenciales de la contratación pública como la transparencia, la planeación, la selección objetiva y la responsabilidad fiscal, al obviar requisitos esenciales como estudios técnicos, análisis de impacto, licencias ambientales y verificación de la experiencia del contratista. Asímismo, se probó que permitió y facilitó el desvío de recursos públicos por más de 24 mil millones de pesos en favor de terceros, mediante operaciones ficticias, sobrecostos y subcontrataciones.
