La reciente masacre ocurrida en Maicao vuelve a sacudir la conciencia del país y desnuda, una vez más, la grave crisis de inseguridad que padece La Guajira. No se trata de un hecho aislado ni fortuito: es la expresión más cruda de una violencia estructural que se ha normalizado en el territorio y que avanza ante la mirada impotente —y a veces indiferente— del Estado.
La Guajira lleva años atrapada entre economías ilegales, disputas armadas, contrabando y la fragilidad institucional. En municipios fronterizos como Maicao, la vida cotidiana transcurre bajo la sombra del miedo, mientras los grupos criminales consolidan su control y la ciudadanía pierde la confianza en las autoridades. La masacre no solo enluta a varias familias; es un mensaje de poder, una demostración de que el crimen organizado sigue imponiendo su ley.
El reciente consejo de seguridad realizado tras estos hechos es una respuesta necesaria, pero insuficiente si no se traduce en acciones concretas, sostenidas y verificables. La historia del departamento está llena de anuncios, despliegues temporales y promesas que se diluyen con el paso de las semanas. La seguridad no puede seguir tratándose como una reacción coyuntural frente a la tragedia, sino como una política integral que combine presencia efectiva de la Fuerza Pública, inteligencia estratégica, justicia oportuna y, sobre todo, inversión social real.
A este escenario se suma un elemento aún más alarmante: las amenazas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por parte de Alias ‘Naín’, quien fue señalado por las autoridades como el determinador de la masacre ocurrida el pasado viernes en Maicao, donde cinco jóvenes fueron asesinados por hombres armados que se movilizaban en una camioneta.
Que el jefe de Estado sea objeto de intimidaciones en un contexto de alta violencia regional no es un asunto menor ni retórico. Es una señal de la capacidad de los actores armados para desafiar al poder institucional y de la fragilidad del orden público en zonas donde el Estado no logra ejercer plenamente su autoridad. Las amenazas al presidente son, en el fondo, amenazas contra la democracia y contra el derecho de los ciudadanos a vivir en un país gobernable.
La Guajira no puede seguir siendo un territorio periférico en las prioridades nacionales. La violencia que hoy golpea a Maicao puede extenderse mañana a otros municipios si no se actúa con decisión. Se requiere una intervención integral que vaya más allá del aumento del pie de fuerza: es urgente recuperar el control del territorio, fortalecer las instituciones locales, combatir la corrupción y ofrecer alternativas reales a una población históricamente abandonada.
Este es un momento decisivo. O el Estado asume con seriedad el desafío de garantizar la seguridad y la vida en La Guajira, o seguirá reaccionando tarde, cuando la violencia ya haya cobrado nuevas víctimas. El país no puede acostumbrarse a las masacres ni a las amenazas como parte del paisaje informativo. La indignación debe traducirse en acciones. Y la seguridad, en un derecho efectivo, no en una promesa recurrente.
