Un bloqueo en la vía férrea de Cerrejón se registra por parte de las autoridades tradicionales del pueblo Wayuu, quienes, respaldados por la comunidad educativa y operadores de la Canasta Educativa, han levantado la voz para exigir soluciones inmediatas a la Alcaldía Municipal de Uribia y al Ministerio de Educación. La protesta se centra en la necesidad de garantizar el acceso a la educación de calidad para los niños y niñas de la región, un derecho fundamental que, según reclaman, ha sido vulnerado. Afirman que el alcalde de Uribia ha contratado a personas de su misma corriente política y que a los que no lo siguen, los dejó por fuera, dilatando el proceso.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los líderes indígenas denunciaron que fallas técnicas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) han obstaculizado la continuación de los procesos contractuales necesarios para asegurar la administración de las canastas educativas. Este hecho, argumentan, contradice las promesas gubernamentales de proporcionar educación, agua y alimentación, derechos que deben ser garantizados para las comunidades vulnerables, como lo establece la Corte Constitucional.
La situación se agrava ante la falta de respuesta por parte de las entidades competentes, lo que ha llevado a los Wayuu a adoptar medidas drásticas, incluyendo el bloqueo de una de las principales vías de acceso al Cerrejón, una de las minas de carbón más grandes del mundo. En su declaración, enfatizan que el acceso a la educación es un derecho consagrado en la Constitución Política y en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que reconoce la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
El comunicado también hace referencia a la sentencia T-302, que declara una situación de cosa inconstitucional respecto al goce efectivo de los derechos fundamentales del pueblo Wayuu, y solicita que se activen mecanismos jurídicos que permitan la celebración de contratos con los operadores educativos aprobados por las autoridades indígenas. Se mencionan diez establecimientos educativos afectados, que incluyen instituciones como Inst Anas Wakuaipa, Inst Villa Fátima e Inst Pto Estrella, UT Outkajawa: Inst Anas Wakuaipa, UT Tepichicana: CEIR Wotoinchon, UT Kai Ojuitushii: Inst Villa Fátima, UT Nekirrajia: Inst Jálala Jonjoncito, UT Wuimpejewoli: Inst Pto Estrella, UT Tawala: Inst Pto Nuevo, UT Kotushii: Inst Asuncion Aguilar, Organización Yanama: Inst Uchitu, Terciarias Capuchinas: Inst Normal y la Diócesis: Inst San José e Inst Nazareth.
Los líderes comunitarios reiteran la importancia de implementar un principio de progresividad en los procesos de contratación, tal como lo ordena el alto tribunal, para asegurar que las decisiones tomadas respeten los derechos de los niños y niñas wayuu. “La educación debe ser una realidad tangible, no solo una promesa vacía”, concluye el comunicado, dejando en evidencia la urgencia de una respuesta efectiva y concertada por parte del Estado.
El bloqueo en la vía férrea ha atraído la atención de diferentes sectores de la sociedad, quienes miran con preocupación la situación que enfrenta la comunidad indígena y la incertidumbre sobre el futuro educativo de sus niños y niñas.
