En un fallo de segunda instancia, los magistrados revocaron la absolución que lo absolvía de los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir, dictada en noviembre de 2024. Ahora, el tribunal lo declara penalmente responsable por delitos de lesa humanidad.
La condena se traduce en 340 meses de reclusión, acompañados de una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 20 años. Además, no se le otorgó prisión domiciliaria ni suspensión de la pena, y se le privará del derecho a tener armas durante 54 meses.
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Entre los hechos por los que fue condenado figura el homicidio de Camilo Barrientos, un conductor de bus de Yarumal, Antioquia, ocurrido en 1994.
Según la sentencia, Uribe facilitó la finca “La Carolina” para la actividad paramilitar en el norte antioqueño y habría participado en la operación del grupo en poblaciones como Yarumal, Campamento y Valdivia.
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó ante la condena con un breve mensaje en sus redes sociales: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude.” Por su parte, la defensa de Santiago Uribe anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.
Para muchas víctimas y organizaciones de derechos humanos, esta decisión representa un paso significativo hacia la justicia, al reconocer la responsabilidad de figuras vinculadas a la violencia paramilitar en Colombia. Sin embargo, el camino judicial no se cierra aún: la defensa busca revertir la sentencia con un recurso de casación.
