La Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de La Guajira Hernando Deluque, Alejandro Magno Builes y Raúl Fragoso a 9 y 8 años de prisión domiciliaria por irregularidades en contratación pública en 2002.
Los contratos no cumplieron los requisitos legales y afectaron gravemente el erario, según el alto tribunal.
Según la decisión judicial, los exfuncionarios cometieron varias irregularidades cuando firmaron varios contratos sin ninguna planeación y sin que se realizara la debida adjudicación a la mejor propuesta. Por el contrario, lo que encontró el alto tribunal es que los exgobernadores, de manera consciente y voluntaria, “se apartaron de los principios de la contratación estatal al fraccionar de manera irregular los contratos a efecto de obviar el proceso licitatorio, defraudando así las expectativas que en ellos se depositaron (sus electores”.
Para llegar a esta condena, la Sala de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, revisó 16 contratos en los que los exgobernadores cometieron irregularidades. Por ejemplo, la Corte encontró que todas las empresas que se quedaron con los contratos presentaron propuestas por debajo del precio solicitado; tenían formatos muy similares; y en otras ni siquiera hubo licitación.
