Todo hace indicar que sigue existiendo una incomprensión hacia el proceso de consulta previa que nació en Colombia al lado de la Constitución Política de 1991, porque desde entonces han sido muy pocas las compañías, sobre todo las extranjeras, las que han escapado a los delicados conflictos con las comunidades que habitan en los sitios que son impactados por el desarrollo de las obras para la producción de bienes y servicios o sencillamente la extracción de carbón y más reciente, la instalación de infraestructura física para producir energía limpia.
Hay quienes sostienen que una de las empresas que no tuvo tanto conflicto con las comunidades residentes en las áreas de influencia, fue la compañía Intercor, aquella filial de la Exon Móvil que tuvo en el encargo de construir buena parte de la infraestructura de transporte férreo y las instalaciones portuarias en Puerto Bolívar, extremo norte de la península guajira.
El haber salido indemne de los conflictos, quizás no fue por la buena voluntad en las relaciones que pudo haber mostrado ante los indígenas y afrodescendientes, principalmente, sino porque para 1985, cuando ellos iniciaron las operaciones, el proceso de la Asamblea nacional Constituyente, apenas era un proyecto en la mente de pocos líderes de ese momento. Cuando se modifica la Carta Magna colombiana en 1991, es cuando aparecen los dolores y los indígenas, asesorados por organizaciones locales e internacionales, empiezan a estudiar la figura de consulta previa para reclamar sus derechos. Desde entonces inició un delicado conflicto entre los dueños ancestrales del territorio y los que llegan con la intención de generar riqueza a través de la exportación de carbón o cualquier otro material o servicio que se genera en La Guajira.
Muchas voces critican a los lugareños, algunos injustamente los acusan de oponerse al desarrollo y torpedear todo lo que signifique progreso, pero los más, son los que indican que ante la anarquía con la que el Estado ha manejado sus riquezas naturales, propicia condición para que los conquistadores modernos lleguen a territorio y en muchas ocasiones sin presentarse ante las autoridades locales, inicien proyectos de gran envergadura.
Varias veces hasta alcaldes de algunos municipios de la península, han sido sinceros en afirmar que no sabían que en su territorio ya estaba una empresa internacional por lo menos haciendo exploraciones geológicas.
Los excesos en nombre de la consulta previa o por el desconocimiento de esa ley, no es una actitud de una sola parte. Casi siempre son dos y hasta tres, cuando el Gobierno nacional brilla por su ausencia, acompañamiento y decisiones. Los ‘Occidentales’, como llaman los indígenas a quienes no son de su territorio, siempre culpan del conflicto a los aborígenes, calificándolos como enemigos del desarrollo y estos a su turno, los tildas de arbitrarios, en el mejor de los casos, por llegar a su territorio ancestral y preparar toda una infraestructura que genera perturbación, no solo en su tranquilidad, sino en toda su vida, pues se ha llegado a negociar y entregar elementos en forma de reparación a los que no son los legítimos propietarios y al final el conflicto intraétnico es de gran magnitud con confrontación entre los mismos nativos.
Algunas posiciones mostradas por el director de Consulta Previa del actual Gobierno, hace presumir que se tiene la intención de hacer valor lo escrito en la constitución, referente a los derechos de los nativos que no solo están en la carta magna sino ratificados con el convenio 179 suscrito entre el Gobierno nacional y la Organización Internacional del Trabajo para brindarle protección en este tipo de eventualidad.
