El aniversario del Acuerdo de Paz de 2016 llega en un momento de tensiones encontradas: aunque sus promesas iniciales —desarme, reintegración, reforma rural, verdad y reparación— representaron para muchos una esperanza concreta de cerrar décadas de conflicto, el balance actual mezcla logros reales con profundas frustraciones.
Por un lado, hay avances tangibles. Según datos oficiales, se han formalizado millones de hectáreas destinadas a pequeños y medianos predios, beneficiando a decenas de miles de familias —incluyendo víctimas del conflicto— como parte de la reforma rural.
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avanzar en investigaciones históricas contra altos mandos de la guerra, con procesos abiertos sobre ejecuciones extrajudiciales, secuestros, reclutamiento de menores y otros crímenes graves.
Esto muestra que, al menos en lo judicial y en la restitución de tierras, hay restos de un proceso que aún puede cumplir su promesa: transformar el país desde lo estructural y simbólico.
Sin embargo —y esto es clave— los desafíos y errores han sido persistentes. La implementación ha sido desigual: muchas de las medidas no lograron consolidarse, dejando vacíos que los grupos armados ilegales han llenado.
La violencia reemergente en numerosas regiones, la fragmentación de las antiguas guerrillas, el recrudecimiento del narcotráfico y la minería ilegal han hecho que en muchos territorios el Estado siga sin presencia efectiva.
El panorama social también sigue amenazado: el conflicto por zonas, la extorsión, los reclutamientos forzados y los asesinatos de excombatientes o de líderes sociales siguen lamentablemente vigentes.
En ese contexto complejo, las recientes declaraciones del presidente Petro aportan una dosis de urgencia y tensión al debate. Anunció que ha ordenado un examen forense sobre los chats incautados al jefe de una disidencia, Calarcá —delincuente que encabeza una facción armada surgida tras la desmovilización de la antigua guerrilla—, en los que supuestamente se revela infiltración de agentes del Estado.
Petro, que en un principio había calificado la información como “falsa”, admitió ahora tener “muchas dudas” y dijo que esperará los resultados técnicos antes de tomar decisiones. ste gesto puede interpretarse como un ejercicio de transparencia y responsabilidad, pero también pone de relieve cuán frágil sigue siendo la institucionalidad en Colombia, y cuán pendientes están la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado.
Además, Petro advirtió que si Calarcá y sus disidencias no cumplen con criterios mínimos de respeto —especialmente en lo relativo a la niñez y a la población civil— no habrá negociación de paz.
Esta declaración subraya un dilema persistente: por un lado, la urgencia de mantener el camino de la paz; por otro, la necesidad de no legitimar a actores que siguen cometiendo crímenes atroces.
En definitiva: al cumplirse un nuevo aniversario del Acuerdo de Paz, Colombia se encuentra en una encrucijada. El sueño de una paz estable y duradera no ha muerto, gracias a logros concretos en tierras, justicia y memoria. Pero esos avances coexisten con un escenario de violencia renovada, vacíos estatales, incumplimientos y expectativas rotas. El reto hoy es doble: consolidar lo perdido, continuar con los procesos de reparación, justicia y reforma, y al mismo tiempo asegurar que no se repitan errores del pasado.
El llamado —a los gobernantes, a la sociedad civil, a las víctimas, pero también a quienes hoy pretenden cambiar las reglas de la guerra por las de la convivencia— es a retomar con seriedad la tarea pendiente: hacer del Acuerdo no solo una firma sujeta a aniversarios, sino un camino vivo, sostenido y efectivo hacia una paz digna, integral, duradera.
