Se evaluarán nuevamente los esquemas de seguridad de los aspirantes a la primera magistratura del país, tras su inscripción oficial, con base en los niveles de riesgo identificados.
Así se definió durante la sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), en donde se revisó el estado de los esquemas de seguridad asignados en el marco de las consultas interpartidistas y de cara a la contienda presidencial.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que, tras las consultas, algunas medidas extraordinarias otorgadas a quienes aspiraban a la presidencia serán ajustadas, dado que estas estaban asociadas específicamente a su condición de precandidatos en ese proceso.
Sin embargo, aclaró que los esquemas de seguridad ordinarios que estas personas tenían previamente se mantienen vigentes. “Las medidas de protección se asignan de acuerdo con el nivel de riesgo de cada persona y no únicamente por su aspiración política. Si algún ciudadano considera que su situación de seguridad ha cambiado, puede acudir a la ruta ordinaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la respectiva evaluación”, señaló.
El Gobierno también informó que ya se adoptaron medidas de refuerzo en los esquemas de seguridad de los tres candidatos que resultaron ganadores en las consultas, con el fin de garantizar su integridad en esta nueva etapa del proceso electoral.
Asimismo, se anunció que el próximo martes se realizará una nueva sesión del CORMPE, en la que se evaluarán las condiciones de seguridad de los candidatos que formalicen su inscripción ante la autoridad electoral, junto con sus fórmulas vicepresidenciales.
El ministro Benedetti destacó que el país ha realizado un esfuerzo sin precedentes para garantizar la seguridad en el proceso democrático. En ese sentido, recordó que meses antes del inicio formal de la campaña presidencial ya se habían dispuesto medidas de protección para 64 precandidatos a la Presidencia, así como para más de 400 candidatos al Congreso y 91 aspirantes de circunscripciones especiales.
“Este es un esfuerzo histórico del Estado colombiano para proteger la democracia y garantizar que todas las campañas puedan desarrollarse con las debidas garantías”, concluyó.
