Por no reconocer responsabilidad por su contribución al patrón macrocriminal en el que se inscriben por lo menos 130 asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el Oriente Antioqueño entre 2002 – 2003, mientras ejercía como comandante del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’ (BAJES), a pesar de las pruebas que obran en su contra, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió remitir el caso del coronel retirado Iván Darío Pineda Recuero a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
A la UIA le corresponderá continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser vencido en juicio, Pineda Recuero podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel ordinaria.
La decisión fue adoptada por la magistrada Catalina Diaz en el marco del Subcaso Antioquia, del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En el Subcaso Antioquia se ha imputado responsabilidad penal a 9 integrantes del Ejército Nacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante los años 2002 y 2003. 7 imputados reconocieron su responsabilidad por escrito y serán convocados a una audiencia pública con la activa participación de las víctimas. La investigación continúa en la Sala de Reconocimiento por los hechos ocurridos durante los años 2004 a 2007.
La Sala determinó que el coronel (r) Pineda Recuero es penalmente responsable como autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, así como por desaparición forzada, conductas que también constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas.
De acuerdo con la imputación proferida en agosto de 2023, los hechos ocurrieron mientras fue comandante del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’ (BAJES) entre el 17 de enero de 2003 y el 4 de diciembre de 2003. En este periodo la JEP documentó un patrón criminal y tres modalidades desplegadas en el territorio.
Los hallazgos indican que las víctimas del oriente antioqueño fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla, para luego ser asesinados y presentados criminalmente como bajas en combate.
