Funcionarios de la Defensoría del Pueblo visitaron cuatro municipios de La Guajira, luego de lo cual llamaron la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues evidenciaron que los menores de edad dejaron de recibir servicios de atención integral desde finales del
2023.
Según la Defensoría, pese a lo ordenado por la Corte Constitucional, la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de la niñez en el departamento, no mejora.
“En una visita que realizamos entre el 22 y 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños wayuu empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Son cerca de cinco meses sin recibir atención integral, incluido el complemento nutricional. Algunos de ellos tendrían desnutrición y bajo peso, motivo por el cual les fue activada de manera inmediata la ruta de atención.
“Niños wayuu entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclama Camargo Assis.
Lo anterior también evidencia que todo el esfuerzo institucional de recuperación nutricional, remarca el Defensor, “a través de los programas implementados por Bienestar Familiar, realizado en los años anteriores, se fue al traste, ya que fueron suspendidos los servicios sin implementar nuevos programas. Se perdió la continuidad”.
Agrega que las 17 comunidades indígenas de los cuatro municipios visitados, conformadas según sus autoridades y líderes, por más de 1000 niños y niñas menores de cinco años, 50 mujeres embarazadas, 90 mujeres lactantes y más de 300 menores de seis a 14 años, deben desplazarse hasta centros urbanos para acceder a los servicios en salud, pero no cuentan con dinero.
Las comunidades tampoco cuentan con el suministro de agua potable ni con una fuente para su abastecimiento, deben caminar largas distancias para ir hasta donde están los pozos, y, en muchos casos, es líquido verdoso y cargado de barro. Adicionalmente, la entrega hecha con carrotanques es una medida paliativa que no satisface las necesidades mínimas de la población wayuu.
