La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la segunda condena proferida esta semana por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre “asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, Sub caso Costa Caribe, Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.
Muchos de estos casos fueron verificados por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en todo el país desde el año 2002 y la Oficina ha acompañado a muchos familiares de víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La sentencia de la JEP condena a 12 máximos responsables, ex integrantes del Batallón de Artillería No. 2, por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con estos asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y persecución en contra de 135 víctimas, ocurridos en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005.
La sentencia de la JEP ordena la realización de proyectos restaurativos que buscan abordar los daños a las víctimas con y sin pertenencia étnica, sobre los ejes relacionados con: memoria y dignificación; armonización territorial y fortalecimiento organizativo; infraestructura comunitaria y productividad y generación de ingresos.
Así mismo, la sentencia impone restricciones efectivas de la libertad, bajo la figura de las sanciones propias. Es fundamental la verificación estricta de su cumplimiento.
De forma particular, la condena proferida por la JEP reconoce la victimización individual y colectiva que sufrieron de manera diferencial y desproporcionada los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo y los consejos comunitarios Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla y sus territorios.
Esta sentencia contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas.
“La articulación y la incorporación de los saberes propios y el diálogo con los sistemas propios de justicia étnicos en el marco de la justicia transicional resultan esenciales para la dignificación y restauración de sus derechos”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Sé que muchas víctimas enfrentaron abusos y estigmatización -añadió- buscando la restauración del buen nombre y la honra de sus seres queridos. Pese a este ambiente hostil persistieron en su lucha”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera las palabras del Alto Comisionado Volker Türk y su llamado de ayer miércoles al Gobierno de Colombia para que se fortalezca la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y se tomen todas las medidas necesarias legales, presupuestales, administrativas y de seguridad que garanticen la implementación efectiva de la sanción para que puedan garantizar la contribución a la reparación de las víctimas y la seguridad jurídica de los máximos responsables.
Actualmente, en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, hay un incremento de la violencia con graves afectaciones para los pueblos indígenas, y comunidades afrodescendientes y campesinas que demandan redoblar esfuerzos institucionales para las garantías de sus derechos y la no repetición.
La Oficina ratifica su pleno compromiso y disponibilidad para continuar acompañando a las víctimas y a la Jurisdicción Especial para la Paz para favorecer la rendición de cuentas de los graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto.
