En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a los exalcaldes de Riohacha, La Guajira, Juan Carlos Suaza Móvil y José Ramiro Bermudez Cotes, por irregularidades en un proyecto financiado con recursos del sistema general de regalías por $28.039.276.114 millones.
La autoridad disciplinaria evidenció que los disciplinados, quienes se desempeñaron como representantes legales de la entidad ejecutora del proyecto para la construcción del pavimento flexible y expansión de las redes de alcantarillado en la comuna 10 del distrito turístico, omitieron los trámites legales en las secretarias y oficinas respectivas para la adquisición de los inmuebles que impedían la conexión entre la carrera 12c y la calle 40 para la ejecución del bilateral según lo establecido.
A su vez, el ente de control confirmó que debido a las deficientes gestiones de los disciplinados en sus respectivos periodos para obtener los predios que impedían y obstruían la intervención en el sector y tramo que estaba contemplado en el proyecto, la obra estuvo suspendida aproximadamente por 4 años entre mayo de 2019 y diciembre de 2023; a la fecha, no hay evidencia de la compra de las viviendas de la zona.
Por tanto, la conducta omisiva de los funcionarios e incumplimiento en sus responsabilidades y compromisos desencadenó una sanción a la entidad territorial para la devolución de los recursos subutilizados por los administradores.
De esta manera, el organismo de control corroboró que los exmandatarios locales, en sus etapas de gobierno, tampoco gestionaron la adición de los recursos necesarios para continuar con la interventoría del negocio jurídico suscrito con el contrato 160 de 2017 con la firma INTERTECNICINCO; por lo que, no se garantizó la debida vigilancia a la edificación.
Además, se comprobó que los funcionarios públicos vulneraron los principios de eficacia, economía y celeridad; debido a esto, el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como grave, a título de culpa grave.
El Ministerio Público determinó que la sanción a los exalcaldes corresponde al pago de su salario devengado por 10 meses, para la vigencia 2019 en el caso de Suaza Móvil y 2023 para Bermudez Cotes.
