La gerente regional de Prosperidad Social en La Guajira, Karen Patricia Gómez, anunció que a partir del 7 de mayo comenzará la entrega de recursos del primer ciclo de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. A partir del 13 de mayo se realizará en la modalidad de giro en todo el territorio nacional.
Un total de 44.668 hogares recibirán las transferencias, para lo que la entidad invertirá 21.000 millones de pesos en el departamento.
Estos son hogares priorizados porque tienen a cargo el cuidado de niñas y niños, y sobreviven en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, lo que refuerza el enfoque prioritario hacia la atención de la primera infancia. También se priorizaron hogares en pobreza extrema donde se encuentra una persona con discapacidad que requiere cuidado permanente.
El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida ordenó la armonización de los programas de transferencias monetarias; a esto responden Renta Ciudadana y Devolución del IVA, para consolidar un sistema de protección social más eficiente, equitativo y focalizado.
La integración de ambos programas optimiza el uso de los recursos públicos, mejora la identificación de los beneficiarios y amplía la cobertura, para garantizar una entrega más oportuna y complementaria de las ayudas económicas a los hogares que más lo necesitan.
Operador bancario
Desde hace dos años es el Banco Agrario el encargado de entregar los recursos a los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
El Banco Agrario cuenta con presencia física en el 100 % del territorio nacional, con 793 oficinas en todo el país. En 471 municipios, es la única entidad financiera presente. Además, dispone de 140 oficinas extendidas o módulos de atención, denominados Banco Agrario Más Cerca, con los cuales se garantizará la entrega de los recursos en zonas rurales y rurales dispersas.
Los recursos se entregarán a través de cuentas bancarias y mediante la modalidad de giro, según las condiciones de los hogares beneficiarios.
Con esta estrategia, se fortalece el compromiso del Estado con la justicia social y la reducción de las brechas de desigualdad en el país.
