La región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, ha sido históricamente un escenario de conflicto armado, economía ilegal y abandono estatal. En este territorio, donde convergen intereses de grupos armados ilegales, economías cocaleras y comunidades rurales marginadas, los retos para cualquier gobierno son inmensos. Sin embargo, la administración del presidente Gustavo Petro enfrenta una oportunidad y una prueba crucial para demostrar que es posible construir paz total y desarrollo inclusivo.
El Catatumbo es uno de los epicentros de la producción de coca en Colombia, lo que lo convierte en un territorio codiciado por el narcotráfico. Esto ha perpetuado la presencia de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y otros actores criminales que luchan por el control del territorio y sus recursos. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región se encuentran atrapadas entre la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. En este contexto, los llamados del gobierno a una “paz total” enfrentan un escenario complejo.
El presidente Petro ha planteado un enfoque integral para abordar la situación del Catatumbo, basado en tres pilares fundamentales: la paz total, la reforma agraria y la transición hacia economías sostenibles. Por un lado, la “paz total” busca negociaciones con todos los grupos armados para reducir la violencia y alcanzar acuerdos que beneficien a las comunidades. Por otro, la reforma agraria y la sustitución de cultivos de uso ilícito pretenden ofrecer alternativas viables a los campesinos que dependen de la coca como medio de subsistencia.
En la región ya se han iniciado algunos acercamientos con el ELN, que podrían sentar las bases para la desescalada del conflicto. Además, el gobierno ha priorizado la entrega de tierras y recursos a campesinos y comunidades vulnerables, pero estos esfuerzos han enfrentado obstáculos logísticos, burocráticos y de seguridad.
Aunque las propuestas del gobierno son ambiciosas, su implementación enfrenta numerosos desafíos. En primer lugar, la fragmentación de los grupos armados dificulta las negociaciones y el establecimiento de acuerdos duraderos. En segundo lugar, la sustitución de cultivos requiere de inversiones significativas y un acompañamiento continuo para garantizar que las familias no vuelvan a la coca ante la falta de ingresos.
También es crucial que las comunidades sean escuchadas y se conviertan en protagonistas del cambio. Muchas veces, las políticas desde Bogotá no reflejan las necesidades y realidades locales, lo que genera desconfianza y resistencia. Además, la corrupción y la ineficiencia institucional siguen siendo barreras para que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
La situación del Catatumbo representa una oportunidad para que el gobierno de Gustavo Petro marque la diferencia y deje un legado transformador. Si logra articular esfuerzos entre las comunidades, el Estado y la cooperación internacional, podría sentar las bases para un cambio estructural en una región que ha sufrido demasiado.
Sin embargo, esto requerirá voluntad política, persistencia y una gestión eficiente que ponga a las personas en el centro de las decisiones. El Catatumbo no necesita soluciones parciales ni promesas incumplidas; necesita acción, compromiso y resultados concretos.
En el camino hacia la paz total, la región es un recordatorio de que el cambio verdadero solo es posible si se abordan las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. El Catatumbo es una prueba para el gobierno y para Colombia como nación. ¿Será este el momento en que se inicie un nuevo capítulo para la región? Solo el tiempo y las acciones lo dirán.
